El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) aprobó una actualización en la reglamentación que rige los procedimientos administrativos de nulidad y caducidad de marcas por falta de uso. La medida busca modernizar la gestión interna del organismo para ofrecer tramitaciones más ágiles, previsibles y transparentes en la resolución de conflictos marcarios.

Esta nueva resolución reemplaza el marco normativo anterior e introduce modificaciones concretas orientadas a simplificar los procesos, resguardar el derecho de defensa de las partes interesadas y evitar dilataciones innecesarias en los expedientes.

Principales modificaciones en el procedimiento

El reglamento establece una serie de requisitos y reordenamientos procesales que modifican la dinámica habitual de los reclamos:

• Acreditación de interés legítimo: Quien solicite la nulidad o caducidad de un registro deberá demostrar de manera concreta que posee un derecho subjetivo o un interés legítimo vinculado a la marca en cuestión.

• Notificación previa fehaciente: Se exige notificar de forma fehaciente al titular de la marca antes de dar inicio a estos procedimientos cuando el expediente de origen se encuentre archivado.

• Criterios unificados en oposiciones: Se precisan y ordenan las oportunidades procesales para plantear la nulidad o caducidad dentro de los procedimientos de oposición, alineándolos con el régimen de resolución administrativa vigente.

Alcance y aplicación de la norma

El nuevo esquema es de aplicación directa para todos los procedimientos de nulidad y caducidad que se inicien a partir de la entrada en vigencia de la resolución. A su vez, se contempla un régimen transitorio específico para adecuar los expedientes que actualmente se encuentran en trámite.

La perspectiva de Bexley

Un registro marcario no es un trámite estático: exige un seguimiento activo, uso efectivo y capacidad de respuesta ante eventuales conflictos o reclamos de terceros. La actualización del INPI responde a una necesidad actual del mercado donde la velocidad y la certeza jurídica resultan fundamentales.

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